La creación de empleo debe ser la prioridad absoluta de toda la sociedad valenciana, siendo especialmente exigible a la Generalitat como responsable tanto de la política económica e industrial de nuestra Comunidad como de las políticas activas de empleo.
Durante este año, la crisis ha golpeado duramente toda España, lo que se ha traducido en un preocupante incremento del número de desempleados. Aunque es cierto que el crecimiento del paro se ha ralentizado en los últimos meses, las condiciones de la economía no permiten crear aún empleo.
Por ello, el Gobierno de España ha hecho de la promoción del empleo su primera prioridad con medidas como el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el impulso a la rehabilitación de viviendas o el Plan Integral para el impulso del vehículo eléctrico.
Al mismo tiempo, se ha abordado la reforma laboral con el compromiso de realizarla con el máximo diálogo y voluntad de consenso con los agentes sociales.
Todo ello garantizando, mientras dure esta situación, la mayor protección social posible a las personas que se encuentran en situación de desempleo. Un 80% de éstas reciben alguna prestación en estos momentos.
En la Comunitat Valenciana, el incremento del paro ha sido aún mayor, lo que nos ha llevado a que cerca de 600.000 valencianos y valencianas que quieren trabajar no puedan acceder a un puesto de trabajo, alcanzando una tasa de paro del 23%, tres puntos por encima de la media estatal.
Estas cifras podrían haber sido aún peores de no ser por las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno de España en el marco del Plan E, que se han traducido en la creación de en torno a 60.000 empleos directos sólo en la Comunitat Valenciana. Además, sólo en el mes de marzo, el Ministerio de Trabajo ha transferido a la Generalitat más de 344 millones de euros para programas de fomento del empleo.
Este hecho por sí solo debería motivar una profunda reflexión de todos, pero en especial del Consell. Ha sido patente su inactividad e irresponsabilidad durante este tiempo, su negativa a asumir errores y reconocer que el modelo de crecimiento basado en el monopolio de la construcción y del despilfarro está en la génesis del por qué se ha destruido empleo en esta Comunidad a una velocidad de vértigo.
La falta de una política industrial decidida, la carencia de impulso a la innovación y competitividad de nuestros sectores productivos, el no reconocimiento de nuestros problemas con el fracaso escolar, junto con un largo etcétera del que no podemos obviar los escándalos de corrupción y de falta de trasparencia que han afectado de manera plena a los máximos responsables institucionales de la Generalitat, desde el mismo President, hasta la Presidenta de las Cortes, son elementos que deberían obligar a cualquier sociedad a replantearse si esta situación institucional es sostenible.
Hemos ejercido, siempre que se nos ha dejado, una oposición responsable y exigente desde las Cortes Valencianas correspondida con el desprecio, autoritarismo y prepotencia de un gobierno paralizado por sus procesos judiciales.
En ese sentido, hemos venido insistiendo desde el inicio de la crisis en la necesidad de cambiar determinadas políticas, al mismo tiempo que tendíamos la mano a Camps y su Gobierno para, entre todos y todas, hacer de la creación de empleo nuestra principal prioridad.
Hace ya más de un año, propusimos una batería de cuarenta medidas que hubieran supuesto un plan de choque que se habría traducido en 40.000 empleos directos, sin que Camps se haya dignado a recoger ninguna.
A pesar de ello, mantenemos nuestro compromiso con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, así como con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de buscar el consenso para abrir una nueva etapa que nos permita superar la actual situación. Creemos que con el esfuerzo de todos se pueden sentar las bases para un nuevo modelo económico más equilibrado, sostenible y justo que genere empleo estable y de calidad.
Entrades
